Salvemos el dinero físico; nuestra libertad depende de ello

Históricamente, el dinero no sólo ha sido el medio que hemos utilizado para llevar a cabo transacciones económicas, sirviendo de esta manera a la generación de prosperidad. Desde la aparición de la moneda en la Edad de Bronce, ha constituido también la medida de valor por excelencia y la reserva principal de riqueza, de ahorro y de garantía de solvencia. El dinero en metálico –también llamado dinero físico o sólido en contraposición con el nuevo dinero, al que denominamos de plástico, virtual o líquido– está tan íntimamente arraigado en todas las culturas y sociedades humanas que su desaparición supondría igualmente el fin, tal y como los conocemos, de los derechos a nuestra libertad e independencia, a nuestra privacidad e intimidad personal. Si queremos salvaguardar estos derechos tendremos que preservar el dinero en metálico, ya que sin él se crean las condiciones idóneas para el establecimiento de gobiernos totalitarios que regulen todos los aspectos de nuestra vida, tanto pública como privada.

En las últimas décadas, el uso del dinero físico ha experimentado un declive inversamente proporcional a la automatización y digitalización del sector bancario. Con la declaración de la pandemia del covid-19 y la falsa premisa de la insalubridad del dinero en metálico por su papel como transmisor del virus se aprovechó para acelerar esta tendencia. No es casual que, paralelamente, se hayan aprobado leyes en distintos países que limitan de forma exagerada los pagos en metálico, impidiendo, en el caso concreto de España, el uso de efectivo para pagos que superen los mil euros, aludiendo razones de tipo fiscal y de lucha contra el crimen con el supuesto propósito de evitar operaciones con dinero negro.

La deriva hacia la liquidación total del dinero físico, la demolición de la moneda contante y sonante, parece ser el fin buscado en esta tónica generalizada: los bancos promocionando sus formas de pago electrónico; las plataformas de pago y aplicaciones para la transferencia de dinero entre empresas y particulares inflando sus nichos de mercado en un auge desmedido que recuerda al de las burbujas de crisis pasadas que ya explotaron por la especulación; las criptomonedas, que nacieron ninguneadas por las políticas monetarias y fiscales, han ido imponiéndose como modelo hasta llegar, ¿casualmente?, coincidiendo con el anuncio del lanzamiento de las Monedas Electrónicas de los Bancos Centrales (CBDC), a sucederse ahora escándalos, rumores y todo tipo de sospechas en torno a algunas de estas monedas digitales de creación privada. ¿Acaso responde esta tendencia a deshacerse del dinero en metálico a alguna ley natural o económica, o está siendo empujada y forzada por una minuciosa labor de ingeniería social y política?; ¿esta orientada por lícitos motivos de quererse combatir la economía sumergida y el crimen organizado, o más bien se esconden deseos totalitarios de control social y político?; ¿somos nosotros, el pueblo, quienes queremos dotar al Estado de control total sobre el ciudadano, o son los plenos poderes del Estado aliados con la fortuna de la Banca, que siempre gana, los que nos están llevando por estos derroteros?

Por desgracia, los políticos nos han acostumbrado a desconfiar de sus palabras, presentadas siempre con buenas intenciones, y los bancos nos invitan a la precaución escribiendo en letra pequeña las palabras que más necesitan esconder. Ni el dinero físico es vehículo transmisor de enfermedades, ni su desaparición acabará con el negocio del narcotráfico, con el tráfico de armas, de órganos o de personas, con el terrorismo, ni con otras actividades lucrativas al margen de la ley. Tampoco la inflación es consecuencia de la existencia de dinero en metálico, sino de las peligrosas políticas monetarias desarrolladas por los Bancos Centrales desde que retiraron el respaldo del oro en sus divisas, dándole al dinero un valor meramente fiduciario y vaciándolo así de su valor real al consentirse crear dinero de la nada. Mucho nos tememos que tras la eliminación del dinero físico se ocultan turbios intereses e intenciones por parte de sus promotores, con graves e irreversibles consecuencias para el ciudadano de a pie.

Para empezar, a los bancos centrales les permitiría resetear el sistema a su antojo, de manera controlada ante su inminente colapso, beneficiándose asimismo de la eliminación del coste por emisión de moneda. Dispondrían de una capacidad inusitada de maniobra para sus políticas monetarias. Imposibilitaría el atesoramiento del ahorro, es decir, la libre y total disposición del mismo por parte del ahorrador, lo cual contraría la propia concepción del dinero. Podría fomentarse o premiarse, o bien prohibirse o depauperarse el consumo a conveniencia, sin sujeción a la ley de la oferta y la demanda, favorecerse determinados bienes y/o servicios, restringirse o eliminarse otros, dirigir pérdidas y ganancias… En fin, una demolición controlada del sistema que pondría a salvo los activos bancarios y facilitaría la transferencia de riqueza de los pequeños inversores y las clases medias hacia las oligarquías que manejan el capital y controlan estos bancos centrales, puesto que no debemos olvidar que sus consejos directivos se encuentran en manos privadas y obedecen a la obtención de beneficios.

Para rematar, el oligopolio bancario simplificaría su modelo de negocio, reduciendo los riesgos y los costes inherentes a un mercado libre. Mantendrían el 100% del capital en sus manos al serle imposible al ciudadano retirar sus fondos y atesorar sus ahorros, impidiéndole “meterlos bajo el colchón”, como suele decirse, para protegerlos de políticas monetarias y prácticas bancarias abusivas que pongan en riesgo su capital. Otro aspecto nada despreciable es el negocio del minado de datos que les da acceso a conocer con total exactitud tanto los hábitos de consumo de cada individuo, como a encauzar esos hábitos en la dirección que más convenga en cada momento, aun en perjuicio del ciudadano. Por si todo esto fuera poco, los pagos electrónicos suponen un goteo continuo de riqueza desde los ciudadanos hacia los bancos, pues el dinero va perdiendo valor en las sucesivas transacciones al irse quedando por el camino una parte del mismo en forma de comisiones, algo que no sucede con el dinero en metálico.

La eliminación del dinero en metálico conduce a un sometimiento total del ciudadano a los bancos. Al no poder retirar su dinero, los bancos podrán cobrar comisiones a discreción, aplicar intereses negativos, bloquear cuentas e imponer un sinfín de medidas que generarán una inevitable transferencia de riqueza de la ciudadanía a los bancos y a los grandes fondos de inversión.

Es indiscutible que para llevar a cabo la eliminación del dinero físico es necesario no sólo que el capital esté interesado en ello, sino que se requiere de la connivencia de los políticos que se encuentran al frente de los distintos gobiernos y de los consejos de las organizaciones internacionales en que se escudan. Muchos se preguntarán por qué los gobiernos iban a perjudicar a sus ciudadanos en favor de las oligarquías financieras. En respuesta a esta cuestión, pecaríamos de ingenuidad creyendo que no existen lobbies al servicio de los grandes bancos, e incluso que gigantes tecnológicos como Amazon, Google, Apple, Windows, etc., ven ahí un nuevo nicho de negocio e intensifican su presión sobre los políticos, los cuales, en contrapartida por los servicios prestados, no pocas veces vemos cómo son recompensados por las puertas giratorias, pasillos, pasadizos y demás estancias secretas y oscuras que comunican los sótanos del poder. Sin embargo, no es ésta la principal razón por la que los gobiernos quieran deshacerse del dinero sólido. Lo cierto es que los propios Estados –aunque deberíamos hablar sólo de gobiernos, porque los Estados los conforman también sus pueblos, cada uno de sus ciudadanos, quienes a título personal, sólo saldrían perjudicados– resultarían beneficiados con la desaparición del dinero.

Las políticas monetarias desarrolladas por los bancos centrales han traído como consecuencia, además de una inevitable tendencia inflacionaria que no hace más que restarnos poder adquisitivo, una burbuja de deuda que crece desorbitadamente cada día hasta niveles insostenibles y que conlleva una pérdida notoria de la soberanía nacional. En esta tesitura, los Estados sobreviven, a duras penas, evitando su quiebra, por las políticas de intereses negativos aplicadas en los últimos años por los bancos centrales. El problema es que esos intereses negativos penalizan el ahorro, por lo que el ahorrador tiende a retirar sus depósitos para ponerlos a resguardo. Eliminando el efectivo, los bancos podrían mantener intereses negativos permanentemente, sin que el dinero pudiera salir en ningún momento del circuito bancario, lo que les reportaría suculentos beneficios y a la par sometería aún más a los Estados bajo la amenaza de quiebra. Esto supone un menoscabo forzoso a la libertad y al patrimonio monetario de los ciudadanos, pudiéndose llegar al extremo, como hemos apuntado anteriormente, de que el dinero tenga que ser consumido sólo para la compra de determinados productos, que pierda paulatinamente su valor o que incluso “caduque”.

Con la eliminación del dinero sólido, los Estados, sometidos al capital por medio de la deuda y sin soberanía monetaria al haberla cedido a los Bancos Centrales, encontrarían una tabla de salvación para no declararse en quiebra, pero este socorro, que va camino de convertirse a perpetuidad a través de la política de los intereses negativos al dinero, acabaría por otorgar más y más poder a unas élites bancarias que ya de por sí controlan el capital a su voluntad.

Hay otra razón de peso por la que los gobiernos tendrían tanto interés en acabar con el dinero en efectivo: implementar las políticas de restricción de libertades que faciliten el avance hacia una sociedad de control. Como consecuencia de la eliminación del pago en efectivo desaparecería también cualquier posibilidad de mantener la más mínima privacidad respecto a cómo y en qué gastamos nuestro dinero, dejando expuesta ante los bancos, las plataformas de pago y los gobiernos la totalidad de nuestros pagos y gran parte de los aspectos de nuestra vida pública y privada, que de una u otra forma se ven sujetos a transacciones comerciales, sin que pudieran darse alternativas que eludieran este sometimiento y agravándose el ya desmesurado control actual como consecuencia de un estilo de vida sumamente dependiente de la tecnología y la inteligencia artificial. Eliminando el dinero físico, los gobiernos tendrían el poder de dejar sin recursos económicos a todo ciudadano que no cumpliera con sus normas o fuera molesto al sistema, pudiendo ejercer un poder total sobre el administrado, tal y como ocurre con el Crédito Social de la República Popular China.

Una vez eliminado el metálico, el ciudadano podría ver restringido el acceso a su dinero o incluso le podría ser confiscado si su gobierno así lo decidiese, perdiendo toda capacidad de adquirir hasta recursos de primera necesidad. En verdad, ya no podríamos siquiera llamarlo dinero, puesto que se desvirtuaría su función como medio de cambio, medida de valor y reserva de riqueza, y quedaría reducido a una especie de bono condicionado a unas cláusulas no consensuadas. Pensar que poniendo en manos del sistema un arma tan poderosa no harán uso de ella es ignorar la historia, el comportamiento de la Banca a lo largo de ella y los mecanismos que pone en movimiento el poder político para mantenerse.

A esta pérdida de seguridad, privacidad y libertad que nos deja altamente expuestos a los designios de bancos y gobiernos hay que sumar otros riesgos de tipo técnico, derivados de la dependencia de la vía electrónica, tales como caídas del sistema informático por un apagón o cualquier otro motivo producido por causas técnicas, no humanas, así como la sobreexposición a ciberataques, pudiéndonos quedar sin acceso a nuestro dinero, perderlo todo con un solo clic o incluso poner en jaque al sistema y posiblemente asumir nosotros los daños derivados de ello, puesto que, si atendemos al pasado más reciente, no serían los bancos los que acarreasen con las consecuencias. Adicionalmente, se corre el riesgo de dejar fuera de la economía a las personas que no tienen acceso a los bancos y/o a las tecnologías y medios de pago electrónico por su nivel de pobreza, su corta o avanzada edad, escasa destreza para el uso de la tecnología o por vivir en enclaves rurales. En cualesquiera de los casos, podemos afirmar con rotundidad que no es éticamente aceptable condicionar la independencia y libertad económica de las personas a la utilización obligatoria de formas digitales de pago, así como no sería ético ni aceptable obligar a hacerlo exclusivamente en metálico, en especie, con servicios o trabajos. El propio Banco Central Europeo conoce el papel que cumple el dinero en efectivo, sabe que supone libertad y garantía para el intercambio comercial e interpersonal y que su desaparición, insistimos una vez más, produciría un perjuicio tan grave para las personas que las rebajaría a poco más del estatus infrapolítico de súbdito y la condición social de esclavo, devolviéndonos a tiempos de dominación y poder absolutistas.

En resumidas cuentas, al eliminar el dinero en metálico o incluso al limitar su uso se está dando un inmenso poder a los grandes holdings financieros y a los gobiernos, en detrimento de los derechos y libertades del ciudadano. Para ser más exactos, realmente el dinero físico, como todo lo físico, no desaparecería, sino que se transformaría, supondría, como venimos advirtiendo desde el comienzo, una transferencia de riqueza, un trasvase de dinero que iría, sin solución de retracto ni marcha atrás posible, de los esforzados ahorros de los ciudadanos a las arcas voraces del oligopolio de los bancos.

En dos países de nuestro entorno, Austria y Suiza, ciudadanos como nosotros ya han comenzado por defender sus derechos exigiendo la protección del pago en efectivo y del dinero físico en sus Constituciones nacionales. Con esta Iniciativa de Legislación Popular que arranca en España queremos, de recabarse el apoyo y las firmas necesarias, que se garantice y proteja de manera análoga en nuestra legislación la existencia del dinero físico, garantía de protección que se extendería a nuestra seguridad e independencia económicas, a nuestros derechos a la privacidad e intimidad y a nuestra misma libertad.